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¿Es seguro el Open Finance? Datos, consentimiento y fraude

Las normas exigen consentimiento, autenticación en la entidad del cliente, estándares técnicos y supervisión. Eso reduce riesgos frente a compartir la clave del banco, pero no evita el engaño ni las filtraciones.

Redacción OFI8 min de lectura

Un sistema regulado de Open Finance (finanzas abiertas) reduce riesgos frente a la práctica que reemplaza, que es entregar la clave del banco a un tercero, pero no los elimina. Las normas exigen consentimiento expreso, autenticación del cliente ante su propia entidad, canales cifrados entre participantes identificados y supervisión de una autoridad. Quedan riesgos conocidos: el engaño al usuario, las filtraciones en alguna de las entidades que reciben datos y la dificultad de repartir responsabilidades cuando intervienen varias.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea lo planteó así en 2019: compartir datos trae beneficios, pero amplía la superficie expuesta a ciberataques, y cuantos más datos y más participantes hay, mayor es la posibilidad de una filtración. El mismo informe califica de inseguros para el cliente los métodos que exigen su usuario y su contraseña, y considera más seguras las interfaces que los sustituyen por un permiso técnico. La seguridad depende entonces de cada norma, de su supervisión y del usuario.

Qué protecciones exigen las normas

  • Consentimiento específico. La solicitud debe decir qué datos se piden, para qué y por cuánto tiempo. Brasil prohíbe obtenerlo con contratos de adhesión o casillas premarcadas, y Colombia veta las autorizaciones generales o abiertas.
  • Autenticación en la entidad del cliente. Quien confirma la identidad es la institución que tiene la cuenta, no el tercero. Chile exige autenticación reforzada: al menos dos elementos independientes entre algo que el usuario sabe, algo que posee y algo que es.
  • Participantes identificados. Cada entidad se conecta con certificados digitales y figura en un directorio de participantes que administra la autoridad o la gobernanza del sistema.
  • Estándares de seguridad. Chile y Colombia adoptan FAPI 2.0, un perfil de la OpenID Foundation para interfaces de alta seguridad, aprobado en su versión final en febrero de 2025. Perú prepara un perfil propio sobre esa base.
  • Uso limitado. Los datos solo sirven para la finalidad autorizada. En Brasil, desde octubre de 2026, la institución que los entrega a una entidad aliada debe prohibirle por contrato que los comparta con terceros.
  • Supervisión y aviso de incidentes. Los participantes están autorizados o registrados ante el regulador. En Chile deben reportar sin dilación los incidentes de seguridad a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); en Colombia, al administrador del directorio.

En un flujo por API, el tercero no conoce la contraseña del cliente. El decreto colombiano de 2022 lo dice de forma expresa para los iniciadores de pagos, que en ningún caso pueden acceder a las claves o mecanismos de autenticación del ordenante. El anteproyecto del Banco Central del Uruguay (BCU) propone prohibir que terceros usen, almacenen o traten de forma automatizada las credenciales de los usuarios. Al enviarlo, el 5 de junio de 2026, el banco explicó que la falta de mecanismos seguros y estandarizados “ha dado lugar a prácticas riesgosas, que implican que los propios usuarios deban divulgar sus credenciales financieras a terceros”.

Quién responde si algo falla

En Brasil, cada institución participante responde por la confiabilidad, la integridad, la disponibilidad, la seguridad y el sigilo del intercambio en el que interviene, y debe atender los reclamos de sus clientes. En Chile, la Ley Fintec hace responsables a los participantes de resguardar la integridad, disponibilidad, seguridad y confidencialidad de los datos, y los obliga a cortar el acceso apenas el cliente retira su consentimiento o este vence.

Para los pagos, Chile extendió a los iniciadores la ley que limita la responsabilidad de los usuarios ante fraudes: si la operación se cursó a través de uno de ellos, le corresponde acreditar, en su ámbito, que el usuario la autorizó. En Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) vigilan el tratamiento de los datos personales dentro del sistema.

El reparto no siempre es claro. El Comité de Basilea advirtió que, con más intermediarios, es más difícil asignar la responsabilidad por una pérdida o por un envío erróneo de datos. También observó que el cliente suele reclamar primero a su banco, aunque el fallo sea de un tercero.

Qué riesgos quedan

  • Engaño al usuario. Un estafador puede hacerse pasar por una entidad para obtener una autorización o unas claves. Ningún estándar técnico impide que una persona apruebe lo que no entendió.
  • Filtraciones. Cada entidad que recibe datos es un punto más que proteger; el Comité de Basilea advierte que el riesgo crece con el número de participantes.
  • Terceros y cuartos. Quien recibe los datos puede asociarse con otras empresas sin que el banco lo sepa, según el mismo comité. La reforma brasileña de octubre de 2026 apunta a ese punto: exige consentimiento expreso por cada entidad aliada y que un auditor independiente certifique su capacidad antes del contrato y, después, al menos una vez al año.
  • Métodos fuera del sistema. Donde no hay interfaces obligatorias persiste la lectura de pantalla, que exige entregar la contraseña. La comparación está en API, agregación y lectura de pantalla.

Los bancos centrales tratan el fraude en los pagos con normas propias, que complementan las de finanzas abiertas. En Argentina, la Comunicación «A» 8471 exige a bancos y proveedores de servicios de pago una gestión integral del riesgo de fraude, y la «A» 8473 creó un puntaje de riesgo para las transferencias inmediatas. En Uruguay rige desde el 1 de octubre de 2026 la autenticación reforzada en los canales digitales.

Qué puede hacer el usuario

  • Comprobar que la empresa que pide los datos está autorizada o registrada ante el regulador, o que figura en el directorio de participantes.
  • Leer la solicitud antes de aceptar: qué datos, para qué y hasta cuándo. Las normas piden que sean los necesarios para el servicio.
  • Identificarse solo en los canales de su propia entidad. Un flujo regulado no requiere dar la contraseña a un tercero.
  • Revisar cada cierto tiempo las autorizaciones vigentes y revocar las que ya no usa.
  • Reclamar primero ante la entidad y, si no hay respuesta, ante el supervisor financiero o la autoridad de datos personales.

En América Latina

Las reglas de seguridad siguen el grado de avance de cada marco. Esto es lo que exige o prevé cada país al 14 de noviembre de 2026; las normas están en la sección de Regulación y el estado de cada sistema, en Qué es Open Finance y cómo funciona.

  • Brasil: reglas vigentes. La institución que tiene la cuenta autentica al cliente y le pide confirmar cada solicitud; la Resolución Conjunta N.º 21, del 22 de octubre de 2026, reforzó los controles para entregar datos a terceros. Guía de Open Finance en Brasil.
  • Colombia: el Decreto 0368 de 2026 exige mecanismos fuertes de autenticación para otorgar, modificar o revocar una autorización; los estándares de seguridad los fija la SFC. Guía de Open Finance en Colombia.
  • Chile: la norma de la CMF exige autenticación reforzada, certificados digitales y un directorio de participantes. Será exigible desde el 3 de julio de 2027. Guía del Sistema de Finanzas Abiertas de Chile.
  • México: la Ley Fintech solo permite compartir los datos transaccionales con autorización expresa del cliente, pero las reglas para hacerlo siguen pendientes. Guía de Open Finance en México.
  • Perú: la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó para comentarios, en septiembre de 2026, el perfil de seguridad FAPI 2.0 Perú. Guía de Open Finance en Perú.
  • Argentina: el Decreto 353/2025 exige consentimiento expreso; los estándares de seguridad dependen del banco central, que no los ha publicado. Guía de finanzas abiertas en Argentina.
  • Uruguay: el proyecto de ley que aprobó el Senado el 26 de agosto de 2026 y estudia la Cámara de Representantes prohibiría que terceros usen las credenciales de los usuarios. Guía de finanzas abiertas en Uruguay.

Preguntas frecuentes

¿La empresa que recibe mis datos conoce la clave de mi banco?

No, si el intercambio se hace por las interfaces reguladas: el cliente se identifica ante su propia entidad y el tercero recibe un permiso técnico limitado a lo autorizado. Sí la conoce cuando el servicio funciona por lectura de pantalla, porque ese método necesita el usuario y la contraseña.

¿Pueden compartir mis datos sin mi permiso?

No los personales. Las normas de Brasil, Colombia y Chile exigen consentimiento previo, y la ley mexicana pide autorización expresa para los datos transaccionales. Sin permiso solo circula información pública de las entidades, como sus productos, tarifas o sucursales.

¿Es más seguro que dar el usuario y la contraseña a una aplicación?

Sí, según el Comité de Basilea. Con la contraseña, el tercero obtiene acceso completo a la cuenta, incluso a datos que el cliente no autorizó, y el banco no siempre distingue quién entra. Con una API, la entidad controla qué datos entrega y a quién.

¿Qué pasa cuando revoco el consentimiento?

El intercambio debe cesar. En Brasil la revocación surte efecto de inmediato para los datos y en un máximo de un día para la iniciación de pagos; en Chile, los sistemas deben impedir nuevas consultas o pagos una vez revocado. Los pasos están en Cómo autorizar, revisar y cancelar un consentimiento.

Esta pieza se preparó con apoyo de inteligencia artificial a partir de las fuentes oficiales enlazadas abajo. Si ves un dato por corregir, escríbenos desde la página de contacto.

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