La Resolución Conjunta N.º 21, del 22 de octubre de 2026, modifica la norma base del Open Finance (finanzas abiertas) de Brasil, la Resolución Conjunta N.º 1 de 2020. La aprobaron la dirección colegiada del Banco Central de Brasil (BCB), el 14 de octubre, y el Consejo Monetario Nacional (CMN), el 22 de octubre. Se publicó en el Diario Oficial el 26 de octubre de 2026 y rige desde ese día.
Cambia dos cosas de fondo. Fija reglas más estrictas para los contratos de alianza con los que una institución participante entrega datos de sus clientes a un tercero. Y admite que el cliente apruebe un consentimiento en un momento distinto de la solicitud, lo que la norma llama flujo de aprobación desacoplado.
Qué dice
La norma considera contrato de alianza cualquier contrato de una participante que prevea compartir datos de registro o de transacciones obtenidos en el Open Finance. También cubre los datos derivados de su análisis que sigan identificando al cliente, como los puntajes de crédito. En ese contrato, la participante es la institución integradora y quien recibe los datos es la entidad aliada.
- Consentimiento. La integradora debe identificar al cliente y obtener su consentimiento expreso para cada entidad aliada, en su propio entorno.
- Prohibiciones. No puede haber contratos de alianza entre instituciones autorizadas por el BCB, ni para que la aliada actúe en nombre de la integradora, ni con entidades cuyo nombre use términos propios de las instituciones financieras.
- Límites a la aliada. No puede compartir los datos con otros terceros, ceder el contrato ni intentar reconstruir datos transaccionales mediante ingeniería inversa.
- Auditoría. Un auditor independiente registrado en la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) debe certificar la capacidad de la aliada antes del contrato y, después, al menos una vez al año.
- Datos. El tratamiento dura solo lo necesario para la finalidad consentida; al terminar, los datos se eliminan.
En la aprobación desacoplada, la solicitud se hace en el entorno de la institución que recibirá los datos o iniciará el pago. La aprobación ocurre después, en el entorno de la institución que tiene los datos o la cuenta, sin redirección automática. Las dos etapas pueden ejecutarse en momentos distintos y, cuando corresponda, por usuarios distintos.
El consejo de administración y la dirección de cada institución deben involucrarse de forma activa en el funcionamiento del Open Finance, y sus responsabilidades no pueden delegarse. Cada institución debe elaborar un informe sobre su participación y su desempeño, firmado por el director responsable, con el contenido y la periodicidad que defina el BCB.
A quién obliga
A las instituciones financieras, las instituciones de pago y las demás entidades autorizadas por el BCB que participan en el Open Finance. Las obligaciones de alianza recaen en la institución integradora, que responde por la seguridad, la disponibilidad y el sigilo de los datos compartidos. Las entidades aliadas no son instituciones autorizadas por el BCB, pero quedan atadas por las cláusulas del contrato, entre ellas el acceso del regulador a los contratos y a los informes de auditoría.
Las reglas también se aplican cuando la participante comparte datos con una empresa no autorizada de su mismo grupo económico. No se aplican a quien actúa solo como operador de datos, según la ley brasileña de protección de datos personales.
Desde cuándo
Rige desde el 26 de octubre de 2026. Las instituciones con contratos vigentes a esa fecha deben enviar al BCB la lista de sus entidades aliadas hasta el 1 de diciembre de 2026. La adecuación de los contratos y consentimientos existentes seguirá un cronograma que el BCB aún no ha definido. Para tres de las cuatro prohibiciones, si surgen tras firmarse un contrato, hay hasta seis meses para terminarlo.
Qué cambia en la práctica
Antes, la norma admitía alianzas con entidades no autorizadas, pedía el consentimiento previo y expreso del cliente sin detallar cómo obtenerlo y prohibía incluir en esos contratos datos de transacciones de productos contratados en otras instituciones. La nueva redacción deroga esa prohibición: la integradora es una institución receptora que transmite a la aliada datos obtenidos en el Open Finance. A cambio, exige un consentimiento por cada entidad aliada, identificada con claridad.
El BCB, que ya podía vetar o restringir estos intercambios, ahora también puede ordenar la suspensión o el fin de un contrato que afecte la seguridad o la solidez del sistema financiero o de pagos. La integradora debe entregarle información periódica sobre sus alianzas.
Para el cliente cambia otra regla. La institución que entrega los datos ya no puede proponerle revocar un consentimiento ni siquiera cuando sospecha de un fraude. En ese caso, la institución que detecte la sospecha fundada debe dejar el consentimiento sin efecto y avisar de inmediato a las demás.
El BCB presentó la aprobación desacoplada como una respuesta a las empresas, donde quien pide un servicio y quien lo aprueba pueden ser representantes distintos. Su nota del 10 de noviembre de 2026 habla de una “futura implementación”: los estándares técnicos deben definirse en la gobernanza del sistema. Más contexto: la guía de Open Finance en Brasil, las cifras del sistema y la sección de Regulación.
Esta pieza se preparó con apoyo de inteligencia artificial a partir de las fuentes oficiales enlazadas abajo. Si ves un dato por corregir, escríbenos desde la página de contacto.
Fuentes
- Resolución Conjunta N.º 21, Banco Central de Brasil y Consejo Monetario Nacional, 22 de octubre de 2026.
- Resolución Conjunta N.º 1, Banco Central de Brasil y Consejo Monetario Nacional, 4 de mayo de 2020 (texto consolidado al 26 de octubre de 2026).
- Novas regras reforçam segurança e ampliam uso do Open Finance por clientes pessoas jurídicas, Banco Central de Brasil, 10 de noviembre de 2026.