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Open Finance en Colombia: qué es obligatorio, quiénes participan y fechas clave

El Decreto 0368 de 2026 obliga a las entidades vigiladas a compartir datos con autorización del titular, pero el intercambio obligatorio depende de los estándares que expida la Superintendencia Financiera.

Redacción OFI9 min de lectura

En Colombia, el Open Finance (finanzas abiertas) es obligatorio desde el 10 de abril de 2026, cuando empezó a regir el Decreto 0368. La norma creó el Sistema de Finanzas Abiertas y ordena a los establecimientos de crédito, las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, las fiduciarias, las comisionistas, las administradoras de pensiones y las aseguradoras, entre otras entidades vigiladas, dar acceso a los datos de sus clientes cuando estos lo autoricen.

La obligación existe, pero el intercambio obligatorio todavía no empieza. Cada entidad debe habilitar el acceso dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de cada estándar por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), y al 14 de noviembre de 2026 el supervisor no había publicado el cronograma definitivo ni estándares por tipo de información. El Decreto 1489 del 6 de octubre de 2026 le dio seis meses más para publicar ese cronograma y poner en marcha el directorio de participantes.

En pocas palabras

  • Están obligados los establecimientos de crédito, las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, las fiduciarias, las comisionistas, las administradoras de pensiones y las aseguradoras, entre otras entidades vigiladas por la SFC.
  • Los datos de los clientes no se comparten sin autorización previa, expresa e informada del titular, que además la confirma ante la entidad que tiene sus datos.
  • Las empresas no vigiladas solo acceden a los datos si una entidad las vincula de forma voluntaria.
  • La SFC define los estándares, administra el directorio de participantes y supervisa.
  • La portabilidad financiera de créditos es un servicio del sistema desde el Decreto 0977 del 4 de agosto de 2026.
  • Siguen pendientes el cronograma de estándares, el directorio, los indicadores y la circular que actualiza las reglas del supervisor.

Qué rige hoy

El marco tiene una base legal y cuatro decretos, reunidos en la página de regulación de Colombia. La Ley 2294 de 2023, del Plan Nacional de Desarrollo, ordenó en su artículo 89 que entidades públicas y privadas den acceso a la información que sirva para facilitar el acceso a productos y servicios financieros. Su artículo 94 creó el derecho a trasladar productos de una entidad vigilada a otra.

El Decreto 1297 de 2022 fue el primer marco, de carácter voluntario: permitió a las entidades vigiladas tratar los datos que sus clientes autorizaran y creó la actividad de iniciación de pagos. El Decreto 0368 de 2026 sustituyó ese título sobre datos por el sistema obligatorio y derogó el de estándares. Las reglas de iniciación de pagos de 2022 siguen vigentes, y sus estándares también quedaron a cargo de la SFC.

El sistema cubre tres categorías de información: los productos y servicios a nombre del titular (saldos, historial de transacciones, uso y condiciones), los datos recogidos al vincularlo como cliente y las características generales de los productos que ofrece cada entidad. En los depósitos a la vista, el historial mínimo es de 12 meses. La tercera categoría no requiere autorización; las otras dos, sí.

La solicitud de autorización debe indicar quién recibe los datos, cuáles, para qué finalidad específica y por cuánto tiempo. El decreto prohíbe las autorizaciones generales y condicionar un producto a que el cliente las otorgue. Antes de entregar la información, la entidad que la tiene confirma con el titular, que puede autorizar o negar, y que después conserva el derecho a revocar.

El intercambio debe hacerse por interfaces de programación de aplicaciones (API) interoperables. Quien entrega los datos solo puede cobrar a quien los recibe para recuperar los costos directos de la infraestructura y de los estándares, en proporción al uso; nunca por la información. El Decreto 0977 de 2026 agregó un cuarto componente, el servicio de portabilidad, que permite pedir el traslado de créditos comerciales, de consumo e hipotecarios.

En el plano técnico, la referencia vigente es la Circular Externa 004 de 2024 de la SFC, expedida para el esquema voluntario. Creó el Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica, con las reglas de finanzas abiertas, y el Decreto 0368 remite a ese capítulo para la vinculación de terceros no vigilados.

Quién regula y quién participa

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expide los decretos, con los proyectos y estudios de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF). La SFC define y publica los estándares, administra el directorio, puede habilitar un espacio de pruebas y debe publicar indicadores de seguimiento al menos cada trimestre.

En protección de datos, la vigilancia se reparte entre la SFC y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), según el alcance de las leyes de habeas data (1266 de 2008) y de datos personales (1581 de 2012). El Banco de la República no regula el intercambio de datos, pero sí los pagos inmediatos de Bre-B. Por eso los estándares de iniciación de pagos de la SFC se expiden sin perjuicio de lo que disponga la Junta Directiva del banco central.

Los participantes son de tres tipos. El proveedor de datos es la entidad vigilada que entrega la información; el tercero receptor vigilado es la entidad vigilada que la recibe, y el tercero receptor no vigilado es una persona jurídica sin vigilancia de la SFC que accede por vinculación voluntaria con un proveedor. En ese caso, el proveedor debe publicar criterios claros, objetivos y verificables, y no puede restringir la vinculación de quien los cumpla ni darle un trato discriminatorio.

Fechas clave

  • 25 de julio de 2022: el Decreto 1297 crea el marco voluntario y la iniciación de pagos.
  • 19 de mayo de 2023: la Ley 2294 ordena el esquema de datos abiertos y crea el derecho a la portabilidad.
  • 7 de febrero de 2024: la SFC expide la Circular Externa 004, con las reglas del esquema voluntario.
  • 7 de abril de 2026: se expide el Decreto 0368; se publica en el Diario Oficial el 9 de abril y rige desde el 10 de abril.
  • 4 de agosto de 2026: el Decreto 0977 reglamenta la portabilidad financiera.
  • 31 de agosto de 2026: la SFC publica para comentarios el borrador del cronograma de estándares; el plazo cerró el 15 de septiembre.
  • 6 de octubre de 2026: el Decreto 1489 amplía seis meses los plazos de la SFC.
  • 7 de abril de 2027: límite para publicar el cronograma de estándares (12 meses), según la URF.
  • 7 de octubre de 2027: límite para poner en funcionamiento el directorio y definir los indicadores (18 meses), según la URF.
  • 4 de febrero de 2029: límite para publicar los estándares del certificado de portabilidad (30 meses), según la URF.

Los decretos fijan los tres últimos plazos en meses, contados desde la entrada en vigor de cada norma. Las fechas de calendario son las que calcula la URF en el documento técnico que acompañó el Decreto 1489.

Qué falta

Falta, primero, el cronograma definitivo. El borrador del 31 de agosto de 2026 propone plazos máximos, contados desde la publicación del cronograma, que empiezan por la portabilidad del crédito de consumo (8 meses), del hipotecario (16) y del comercial (24). Siguen las características generales de los productos (de 36 a 72 meses), el historial de transacciones de los créditos (84) y de los depósitos a la vista (96), la información de vinculación (108), los depósitos a término (120) y la iniciación de pagos (132). Es una propuesta, y la SFC advierte que el cronograma podrá revisarse.

Falta también la circular que adapta las reglas del supervisor al modelo obligatorio. El proyecto, publicado en julio de 2026 con comentarios hasta el 11 de agosto, reemplazaría el Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica y daría a las entidades con esquemas en marcha hasta el 7 de abril de 2027 para adecuarlos. Recibió 651 observaciones de 46 actores, según la URF. Al 14 de noviembre de 2026 no figuraba entre las circulares externas expedidas: la Circular Externa 010 de 2026, del 23 de octubre, trata otro tema.

Quedan por definir, además, el directorio, los indicadores, los datos concretos de cada categoría y las instrucciones sobre el flujo de autorización y revocatoria, que la SFC coordina con la SIC, según la URF. El supervisor pidió la prórroga de sus plazos en un oficio del 8 de septiembre de 2026, por razones técnicas y operativas. El 6 de noviembre reunió a expertos internacionales en un Open Finance Day sobre gobernanza, casos de uso y medición.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Decreto 0368 de 2026?

Es la norma del Ministerio de Hacienda, expedida el 7 de abril de 2026, que modificó el Decreto 2555 de 2010 para crear el Sistema de Finanzas Abiertas obligatorio. Desarrolla el artículo 89 de la Ley 2294 de 2023. Sus reglas se detallan en El Decreto 0368 de 2026 en diez preguntas.

¿Las finanzas abiertas ya son obligatorias en Colombia?

Sí, la obligación rige desde el 10 de abril de 2026. Su cumplimiento es gradual: cada entidad tiene 12 meses desde la expedición de cada estándar para habilitar el acceso, con una prórroga única de hasta 6 meses que puede conceder la SFC. Mientras no haya estándares, no hay intercambio obligatorio.

¿Qué entidades deben compartir datos?

Las que enumera el decreto: establecimientos de crédito, sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, fiduciarias, comisionistas de bolsa, administradoras de fondos de pensiones y cesantías, administradoras de inversión, entidades de financiación colaborativa y aseguradoras, además de algunas entidades de régimen especial. Deben entregar los datos a los terceros receptores vigilados por la SFC.

¿Puede una fintech no vigilada recibir los datos?

Solo por vinculación voluntaria con un proveedor de datos. El decreto no obliga a entregarle información. Al proveedor que decida vincular terceros le exige publicar sus criterios, documentar el análisis de cada solicitud e inscribir la vinculación en el directorio.

¿Se puede cobrar por los datos?

No por la información. El proveedor puede cobrar al receptor por el uso de su infraestructura, solo para recuperar costos directos, con factores objetivos, medibles y verificables, y en igualdad de condiciones para todos los receptores.

¿Qué tiene que ver Bre-B con las finanzas abiertas?

Son regímenes distintos. Bre-B es el sistema de pagos inmediatos que regula el Banco de la República; el Sistema de Finanzas Abiertas trata sobre datos y lo desarrolla la SFC. Se tocan en la iniciación de pagos, cuyos estándares debe expedir la SFC sin perjuicio de las reglas del banco central.

Para seguir

Esta pieza se preparó con apoyo de inteligencia artificial a partir de las fuentes oficiales enlazadas abajo. Si ves un dato por corregir, escríbenos desde la página de contacto.

Fuentes

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