Uruguay · Regulación

Finanzas abiertas en Uruguay: el proyecto de ley, el papel del BCU y lo que falta

Uruguay aún no tiene un régimen en vigor: el Senado aprobó el 26 de agosto de 2026 el capítulo que crea el Sistema de Finanzas Abiertas y Diputados lo estudia en comisión, sin votación al 12 de noviembre.

Redacción OFI10 min de lectura

Uruguay todavía no tiene un régimen de Open Finance (finanzas abiertas) en vigor. Lo que existe es un proyecto de ley: el capítulo que crea el Sistema de Finanzas Abiertas dentro del proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida. El Senado lo aprobó el 26 de agosto de 2026 y la Cámara de Representantes lo estudia en su Comisión de Hacienda desde el 1 de septiembre.

Al 12 de noviembre de 2026, última actuación que registra la ficha del Parlamento, la comisión seguía recibiendo delegaciones y no había votado. Si el proyecto se aprueba, el Banco Central del Uruguay (BCU) regulará y fiscalizará el sistema, definirá los estándares técnicos y fijará el cronograma. Hasta entonces no hay un mecanismo regulado y estandarizado para que un cliente comparta sus datos financieros con terceros, como reconoce la exposición de motivos del anteproyecto del banco.

En pocas palabras

  • Estado: proyecto de ley con media sanción. El Senado lo aprobó en general por 31 votos en 31 el 26 de agosto de 2026; falta la Cámara de Representantes.
  • Qué crea: un sistema regulado para que personas y empresas compartan sus datos financieros y de pagos, o inicien operaciones a través de terceros, siempre con su consentimiento previo, expreso e informado.
  • Quién manda: el BCU dictaría las normas, registraría y habilitaría a los terceros, supervisaría y sancionaría.
  • Quién participa: los proveedores de acceso a información, que son entidades ya reguladas y supervisadas por el BCU, y los terceros proveedores de servicios, un rol nuevo.
  • Plazos: el proyecto no fija fechas de implementación; las definiría el BCU en un cronograma por etapas.
  • Mientras tanto: rigen las leyes de sistema de pagos, de inclusión financiera y de datos personales, y la normativa del BCU sobre pagos rápidos y autenticación reforzada.

Qué rige hoy

El marco vigente es de pagos y de protección de datos, no de datos abiertos. La Ley 18.573, de 2009, encarga al BCU reglamentar, controlar y vigilar el sistema nacional de pagos. La Ley 19.210, de 2014, define los medios de pago electrónicos y crea las instituciones emisoras de dinero electrónico, que necesitan autorización del banco central.

La Ley 18.331, de 2008, exige el consentimiento libre, previo, expreso e informado para tratar datos personales y creó la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP). En materia de pagos, las Circulares 2441 y 2482 del BCU dieron marco al Sistema de Pagos Rápidos y, desde el 1 de octubre de 2026, la Circular 2497 exige autenticación reforzada para entrar a los canales digitales y transferir.

La exposición de motivos del anteproyecto describe el vacío: sin un acceso seguro y estandarizado, hay usuarios que entregan sus credenciales a terceros para que consulten sus cuentas. Es la práctica en que se apoya la lectura de pantalla (screen scraping), que el proyecto prohíbe.

Qué propone el proyecto

El capítulo ocupa los artículos 183 a 203 del texto que estudia Diputados, según la numeración que se usa en esa comisión. Lo que sigue describe la versión que aprobó la Comisión de Hacienda del Senado el 21 de agosto de 2026, publicada en el comparativo oficial; el plenario la votó cinco días después y sustituyó dos de sus artículos: el que crea el sistema y el de responsabilidades.

  • Datos comprendidos: las condiciones generales de productos y servicios (canales, precios, tasas y comisiones), la identificación y el conocimiento del usuario, y los productos contratados con sus saldos, movimientos y transacciones de, como mínimo, los últimos doce meses.
  • Consentimiento: previo, expreso e informado en todos los casos, y revocable en cualquier momento, sin causa y sin costo. Si los datos están amparados por el secreto bancario, debe incluir el levantamiento expreso de ese secreto, limitado a los datos, fines y participantes autorizados.
  • Interfaces: los proveedores de acceso deben desarrollar y mantener a su costo las interfaces de programación (API). Hay una modalidad gratuita, con topes escritos en la ley, y otra remunerada, con tarifas públicas y no discriminatorias; el Poder Ejecutivo puede fijar precios de referencia.
  • Credenciales: se prohíbe que terceros usen, almacenen o traten de forma automatizada las claves de los usuarios para entrar a los canales digitales de las entidades reguladas.
  • Pagos: los terceros podrán iniciar operaciones y pagos por cuenta del usuario. Las interfaces de iniciación de pagos entran en la modalidad gratuita sin límite de cantidad.
  • Responsabilidad: frente al usuario responde el tercero que presta el servicio, salvo que se pruebe un incumplimiento del proveedor de acceso.

La comisión del Senado agregó que la participación de los usuarios es voluntaria y que nadie puede ser coaccionado ni presionado para dar su consentimiento. En sala se votó un texto sustitutivo de ese artículo, por 25 votos en 25.

El mismo proyecto habilita al BCU a crear entornos controlados de prueba (sandbox regulatorio) de hasta doce meses, prorrogables por otros doce, para ensayar servicios financieros o de pagos innovadores.

Quién regula y quién participa

El BCU es el eje del diseño. El proyecto le atribuye dictar normas e instrucciones, definir los estándares de interoperabilidad, seguridad y gestión del consentimiento, disponer el registro y la habilitación de los terceros, vigilar el sistema y aplicar el régimen sancionatorio que rige para los bancos (artículo 20 del Decreto-Ley 15.322). También podría desarrollar y operar componentes comunes de infraestructura.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incorporó el anteproyecto del banco al proyecto de ley y lo defiende en el Parlamento. La URCDP conserva su competencia sobre datos personales: en el texto de la comisión del Senado, los terceros deben inscribir allí las bases de datos que generen. La interoperabilidad con los sistemas de intercambio de datos del sector público, como la plataforma que administra la agencia de gobierno electrónico (Agesic), también exigiría el consentimiento del usuario.

Del lado del mercado hay dos roles. Los proveedores de acceso a información son las entidades reguladas y supervisadas por el BCU que tratan o almacenan los datos; el banco central decidiría con qué criterios y en qué orden se incorporan. Los terceros proveedores de servicios necesitarán registro y habilitación. Una misma entidad puede cumplir los dos roles y el BCU puede exigir reciprocidad.

En Diputados se oyeron tres posiciones del sector. El sindicato bancario AEBU advirtió el 16 de septiembre sobre la calidad del consentimiento, la responsabilidad ante filtraciones y el costo para la banca pública. La Cámara Uruguaya Fintech pidió el 30 de septiembre plazos en la ley, obligatoriedad explícita y responsabilidad compartida. La Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) reclamó el 5 de noviembre repartir los costos, exigir solvencia a los terceros y dejar los topes de gratuidad a la reglamentación.

Fechas clave

  • 23 de marzo de 2026: el BCU presenta la Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2026-2030, que incluye implementar las finanzas abiertas.
  • 5 de junio de 2026: el Directorio del BCU remite al MEF el anteproyecto de ley (Resolución P-2-2026).
  • 10 de junio de 2026: el Poder Ejecutivo presenta el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida; el 18 de junio lo envía al Parlamento.
  • 21 de agosto de 2026: la Comisión de Hacienda del Senado aprueba un texto sustitutivo.
  • 26 de agosto de 2026: el Senado aprueba el proyecto.
  • 1 de septiembre de 2026: el proyecto entra a la Cámara de Representantes y pasa a su Comisión de Hacienda.
  • 9 de septiembre de 2026: el MEF y el BCU lo presentan en esa comisión.
  • 12 de noviembre de 2026: última sesión de la comisión registrada en la ficha; siguen las audiencias.
  • 15 de diciembre de 2026: termina el período ordinario de sesiones, según el artículo 104 de la Constitución.

Qué falta

Falta el voto de Diputados, primero en comisión y después en el plenario. El 12 de noviembre de 2026 el diputado Sebastián Valdomir dijo en la comisión que el MEF volvería en la última semana del mes y que el trabajo seguiría hasta fines de noviembre o comienzos de diciembre. Una semana antes, quien presidía la sesión había hablado de un compromiso de votar antes de fin de año.

Si Diputados modifica el texto, vuelve al Senado, que puede aceptar los cambios o pedir una reunión de ambas cámaras (artículo 135 de la Constitución). Después de la promulgación empezaría el trabajo reglamentario: los estándares técnicos y de seguridad, los mecanismos para otorgar y revocar el consentimiento, el registro de terceros y el cronograma de incorporación.

El proyecto no pone fecha a nada de eso. Ana Claudia de los Heros, vicepresidenta del BCU, dijo el 9 de octubre de 2026 que, si la ley avanza, el banco liderará el desarrollo regulatorio y definirá los estándares. La Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2026-2030 incluye implementar el sistema entre sus once objetivos, sin calendario.

Preguntas frecuentes

¿Hay open banking en Uruguay hoy?

No como régimen regulado. El marco de Open Banking y de finanzas abiertas está en un proyecto de ley que el Parlamento no ha terminado de votar.

¿Cuándo se vota la ley?

No hay fecha. Al 12 de noviembre de 2026 la Comisión de Hacienda de Diputados seguía en audiencias y esperaba al MEF para la última semana del mes. El período ordinario de sesiones termina el 15 de diciembre.

¿Desde cuándo podré compartir mis datos entre bancos?

No se sabe. El proyecto deja en manos del BCU el cronograma, con etapas y fechas límite para que las entidades se incorporen de forma progresiva. Esa definición solo puede llegar después de que la ley se apruebe y se promulgue.

¿Estaré obligado a compartir mis datos?

No. Todo intercambio exige el consentimiento previo, expreso e informado del titular, que puede revocarlo cuando quiera y sin costo. El texto que votó la comisión del Senado declara voluntaria la participación de los usuarios.

¿Quién responde si se filtran mis datos?

En el texto de la comisión del Senado, frente al usuario responde el tercero que presta el servicio, salvo prueba de incumplimiento del proveedor de acceso. El plenario sustituyó ese artículo; según la Cámara Uruguaya Fintech, el texto que llegó a Diputados carga en los terceros todo el peso de la responsabilidad. AEBU sostuvo que la asignación de responsabilidades no es lo bastante clara.

¿Me cobrarán por usar el sistema?

El proyecto prohíbe cobrar al usuario cargos específicos por el uso de las interfaces. Los terceros sí pueden cobrar por los servicios que presten con esos datos.

Para seguir

Esta pieza se preparó con apoyo de inteligencia artificial a partir de las fuentes oficiales enlazadas abajo. Si ves un dato por corregir, escríbenos desde la página de contacto.

Fuentes

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