La Comunicación «A» 8471 es la norma con la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) incorporó, el 27 de agosto de 2026, la gestión del riesgo de fraude a los lineamientos de gestión de riesgos de las entidades financieras. La misma norma extendió esas exigencias, de forma proporcional, a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP), como las billeteras digitales, y fijó obligaciones básicas para los demás proveedores de servicios de pago.
Sus piezas centrales son tres: un programa antifraude documentado, una función responsable de gestionarlo y reportes periódicos al directorio. No crea un sistema compartido entre entidades: ordena cómo debe organizarse cada una.
Qué dice
La norma agrega el punto 6.5 al texto ordenado sobre Lineamientos para la Gestión de Riesgos en las Entidades Financieras. Exige un proceso integral de gestión del riesgo de fraude interno y externo, dentro de la gestión del riesgo operacional. Su aplicación debe ser proporcional al tamaño de la entidad, a la criticidad de sus productos y canales, a su exposición al fraude masivo y a su grado de digitalización.
- Programa antifraude: debe estar documentado y cubrir prevención, detección, respuesta, resolución y aprendizaje. Incluye procedimientos de monitoreo apoyados en tecnología, canales de denuncia, protocolos ante incidentes y capacitación del personal. Se revisa al menos una vez al año, con intervención de la auditoría interna.
- Función responsable: la ejerce una unidad o persona específica, o la unidad de riesgo operacional. Elabora el programa, mantiene un plan de respuesta para que empleados, clientes y terceros puedan reportar por varios canales y promueve la información a los clientes.
- Registro y avisos: esa función lleva una base de datos única de denuncias y reportes, con las respuestas dadas y los montos reconocidos al cliente. Debe comunicar a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) toda nueva modalidad de fraude, y reportar y consultar la Central de Prevención de Fraude.
- Directorio: aprueba la estrategia y las políticas antifraude y recibe un reporte al menos trimestral con indicadores, incidentes relevantes, medidas correctivas y nuevas modalidades detectadas. Para el riesgo operacional en general, el mínimo es semestral.
A quién obliga
- Entidades financieras: deben cumplir todo lo anterior.
- PSPCP: deben cumplir la Sección 6 de esos lineamientos, que regula la gestión del riesgo operacional e incluye el nuevo punto sobre fraude. La aplican a su función de proveedor de cuentas de pago y de manera proporcional a su dimensión y a la complejidad de su operatoria.
- Demás proveedores de servicios de pago registrados o autorizados: tienen cuatro obligaciones. Deben asignar la gestión del riesgo de fraude a una unidad o persona, autoevaluar ese riesgo, tener un plan de mitigación y cumplir las reglas sobre riesgos de tecnología y seguridad de la información.
Desde cuándo
- Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2026: primera etapa de los PSPCP, con el marco de gestión, los responsables, el apetito y la tolerancia al riesgo y la identificación preliminar de riesgos y procesos críticos.
- 1 de diciembre de 2026: rige para las entidades financieras.
- 1 de enero de 2027: rige para los demás proveedores de servicios de pago.
- Del 1 de enero al 31 de mayo de 2027: segunda etapa de los PSPCP, con los procesos y procedimientos documentados para los procesos críticos.
- Del 1 de junio al 31 de agosto de 2027: tercera etapa de los PSPCP, con la autoevaluación y el informe final.
- 1 de septiembre de 2027: vigencia plena para los PSPCP.
Los PSPCP deben enviar a la SEFyC un informe de cumplimiento por cada una de las dos primeras etapas. El informe final lo firma la máxima autoridad del proveedor e incluye un informe especial de un auditor externo.
Qué cambia en la práctica
El fraude pasa a tener, dentro de cada entidad, un responsable, un programa escrito y un lugar fijo en la agenda del directorio y del comité de gestión de riesgos. Las billeteras con cuenta de pago quedan alcanzadas por la misma sección de lineamientos que rige para los bancos, con un cronograma que termina un año después de su inicio.
La norma se suma a otras medidas del BCRA contra el fraude en los pagos. La Comunicación «A» 8298 ordenó en agosto de 2025 un registro de las claves bancarias y virtuales (CBU y CVU) de cada persona. La Comunicación «A» 8473, del 3 de septiembre de 2026, creó un puntaje de riesgo de fraude para las transferencias inmediatas.
La Comunicación «A» 8471 no regula cómo ni en qué plazo se devuelve el dinero a quien sufre un fraude: se ocupa de la organización interna de las entidades. Las demás reglas de pagos del país están en la página de regulación de Argentina, en la nota sobre Transferencias 3.0 y en la guía de finanzas abiertas en Argentina.
Esta pieza se preparó con apoyo de inteligencia artificial a partir de las fuentes oficiales enlazadas abajo. Si ves un dato por corregir, escríbenos desde la página de contacto.
Fuentes
- Comunicación «A» 8471, BCRA, 27 de agosto de 2026.
- Comunicación «A» 8473, BCRA, 3 de septiembre de 2026.
- Proveedores de Servicios de Pago, texto ordenado al 4 de noviembre de 2026, BCRA.
- Objetivos y planes respecto del desarrollo de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia para el año 2026, BCRA, diciembre de 2025.