Desde el 1 de octubre de 2026, los bancos y otras entidades supervisadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) deben aplicar autenticación reforzada, es decir, al menos dos factores de categorías distintas, cuando un cliente entra a sus canales digitales, transfiere o paga desde una cuenta, pide un préstamo a distancia o cambia datos sensibles. La regla está en los artículos 364 y 364.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) los sustituyó el 29 de diciembre de 2025 y lo comunicó en la Circular N.º 2497, del 28 de enero de 2026.
¿Qué cambió el 1 de octubre de 2026?
Ese día empezó a regir la autenticación reforzada para entrar a los canales digitales de la entidad, como la banca por internet o la aplicación móvil, y para consultar o cambiar datos sensibles. Hasta entonces, el doble factor solo era obligatorio para las transferencias o pagos a terceros desde una cuenta bancaria y para los préstamos pedidos a distancia. Así lo disponía la Circular N.º 2472, vigente desde el 1 de marzo de 2025.
¿Qué es la autenticación reforzada?
Es comprobar la identidad del cliente con al menos dos factores de categorías distintas. La norma reconoce tres categorías: conocimiento, posesión e inherencia. En términos corrientes, algo que el cliente sabe, como una clave; algo que tiene, como su teléfono; y algo que es, como su huella. Dos claves no alcanzan, porque pertenecen a la misma categoría.
¿En qué operaciones es obligatoria?
Como mínimo en cuatro: el acceso a los canales digitales, las transferencias o pagos hechos desde cuentas bancarias, las solicitudes de préstamos por medios no presenciales y el acceso, la modificación o la actualización de datos sensibles. Entre esos datos están las credenciales, la información personal, los parámetros de seguridad y los medios de contacto. Cada entidad puede exigirla en más casos.
¿Sirven el teléfono registrado y las passkeys?
Sí, con condiciones. Los dispositivos de confianza que use el cliente cuentan como factor de posesión si cumplen los requisitos de enrolamiento, y las passkeys (llaves de acceso) se admiten como mecanismo válido. En los dos casos la circular remite a instrucciones de la SSF, que no forman parte de su texto.
¿Puede el banco no pedir el segundo factor en algunos casos?
Sí. La norma permite no aplicarlo en cuatro situaciones: transferencias o pagos a una lista de beneficiarios de confianza, transferencias entre cuentas del mismo titular en la misma institución, pagos de peajes y de transporte público, y pagos de empresas hechos con procesos que la SSF considere robustos. Crear o modificar la lista de beneficiarios de confianza sí requiere doble factor. Son excepciones optativas: la entidad puede seguir pidiéndolo.
¿Se aplica a las compras con tarjeta por internet?
Todavía no. El proyecto que la SSF puso en consulta en agosto de 2025 incluía las compras no presenciales con tarjetas de crédito y de débito, pero la resolución final las dejó fuera. La superintendencia indicó que seguirá analizando ese requisito y que lo retomará en una próxima etapa.
¿Qué avisos y controles exige la norma?
La entidad debe ofrecer notificaciones electrónicas cada vez que se procesa una transacción, por al menos un medio sin costo, y el cliente puede decidir no recibirlas. También debe avisar cada intento de modificar claves, dirección, teléfono, correo u otros parámetros de seguridad; si el cambio toca los datos de contacto, el aviso va por lo menos a dos direcciones que ya eran válidas, con el procedimiento para aceptarlo o rechazarlo.
Además, el sistema de monitoreo debe contemplar aspectos como identificar operaciones fuera del patrón habitual del cliente, verificar desde dónde se hacen, alertar sobre dispositivos desconocidos y detectar patrones sospechosos en las transacciones rechazadas. La resolución los dejó como elementos orientativos, pero obliga a evaluar la eficacia del sistema al menos una vez al año y a corregir los desvíos.
¿Quién responde si el cliente desconoce una operación?
Ante un reclamo, el emisor debe demostrar que la transacción se hizo según los procedimientos acordados, que se registró bien, que no la afectó una falla técnica y que fue autenticada correctamente. Si no puede demostrarlo, responde por la operación, salvo que el problema se deba a un incumplimiento de las obligaciones del usuario. Esa regla ya estaba en la versión anterior del artículo 364 y se mantiene.
¿A qué entidades obliga y qué pasa si no cumplen?
Obliga a los emisores de instrumentos electrónicos que supervisa la SSF: las empresas de intermediación financiera, entre ellas los bancos, las administradoras de crédito, las entidades otorgantes de crédito, las empresas de servicios financieros, las casas de cambio, las empresas de transferencia de fondos y las administradoras de plataformas de préstamos entre personas. Las instituciones emisoras de dinero electrónico no figuran entre las destinatarias de la circular.
El incumplimiento se sanciona con una multa de entre un diezmilésimo y dos milésimos de la responsabilidad patrimonial básica para bancos. La resolución extendió esa multa al artículo 364.1 y a todos los tipos de entidades alcanzadas.
¿Qué relación tiene con el plan de pagos del BCU y con las finanzas abiertas?
La Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2026-2030 trata la prevención del fraude digital como eje prioritario e incluye fortalecer la autenticación en los canales digitales. El proyecto de ley de finanzas abiertas, en trámite, prohíbe que terceros usen las credenciales de los usuarios y encarga al BCU fijar los estándares de autenticación de las interfaces. Las transferencias instantáneas, que se acreditan en el momento, se explican en la nota sobre el Sistema de Pagos Rápidos; las normas vigentes, en la página de regulación de Uruguay.
Esta pieza se preparó con apoyo de inteligencia artificial a partir de las fuentes oficiales enlazadas abajo. Si ves un dato por corregir, escríbenos desde la página de contacto.
Fuentes
- Circular N.º 2497 y Resolución SSF N.º 2025-744, Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, 28 de enero de 2026.
- Circular N.º 2472, Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, 2 de enero de 2025.
- Hoja de Ruta del Sistema de Pagos en Uruguay 2026-2030, Banco Central del Uruguay, marzo de 2026.
- Resolución P-2-2026, con el anteproyecto de Ley de Finanzas Abiertas, Directorio del Banco Central del Uruguay, 5 de junio de 2026.