En un modelo obligatorio de Open Finance (finanzas abiertas), la norma exige a ciertas entidades entregar los datos de un cliente a otra institución cuando ese cliente lo autoriza. En uno voluntario, cada entidad decide si participa. En los dos casos la última palabra es del usuario: sin su consentimiento no se comparten sus datos.
Brasil, Chile y Colombia tienen normas vigentes que obligan a un grupo definido de entidades. México fijó la obligación en una ley de 2018 que solo se ha reglamentado en parte. Perú y Uruguay la proponen en textos que aún no rigen, y Argentina dejó la definición en manos de su banco central.
En qué se diferencian los dos modelos
La diferencia está en quién puede negarse. En un esquema voluntario, la entidad que guarda los datos, llamada transmisor o proveedor de datos, puede no abrirlos aunque el cliente lo pida. En uno obligatorio debe tener lista la interfaz y atender a los receptores que cumplan los requisitos.
La obligación pesa sobre quien entrega los datos; recibirlos es una opción. Ninguno de los tres países con normas vigentes obliga a todas sus entidades desde el primer día. Fijan umbrales de tamaño, listas por tipo de entidad y calendarios por etapas.
Colombia: de voluntario en 2022 a obligatorio en 2026
Colombia es el único de los siete países que tuvo primero un esquema voluntario y después lo reemplazó por uno obligatorio. El Decreto 1297, del 25 de julio de 2022, planteó el intercambio como una facultad: las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) podían tratar y comercializar los datos de sus clientes con autorización previa, expresa e informada.
El Decreto 0368 de 2026, vigente desde el 10 de abril de 2026, sustituyó esas reglas por un sistema obligatorio. Deben dar acceso a los datos, entre otros, los establecimientos de crédito, las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, las fiduciarias, las comisionistas de bolsa, las administradoras de fondos de pensiones y cesantías y las aseguradoras. Los destinatarios son receptores vigilados por la SFC; para los terceros no vigilados se mantiene un esquema voluntario, en el que el proveedor decide si los vincula.
La obligación todavía no tiene fecha de cumplimiento. Cada entidad dispone de un máximo de 12 meses para habilitar el acceso desde que la SFC expida cada estándar, y el Decreto 1489 de 2026 dio al supervisor hasta abril de 2027 para publicar el cronograma de esos estándares.
Brasil: obligatorio para las instituciones más grandes
La Resolución Conjunta N.º 1 de 2020, del Banco Central de Brasil (BCB) y el Consejo Monetario Nacional, rige desde el 1 de junio de 2020. Obliga a compartir datos a las instituciones de los segmentos prudenciales S1 y S2, a las que superan los cinco millones de clientes (desde el 1 de enero de 2025) y a las que participan en la portabilidad de crédito. Las demás instituciones autorizadas por el BCB pueden sumarse de forma voluntaria.
El plazo para empezar a compartir datos de clientes venció el 13 de agosto de 2021, según la Resolución BCB N.º 109. La iniciación de pagos es obligatoria para los participantes obligatorios de Pix y para los iniciadores. Quien entra por decisión propia también debe entregar datos: la norma le exige tener disponible la interfaz como institución transmisora.
Chile: obligatorio por ley, exigible desde julio de 2027
La Ley 21.521, conocida como Ley Fintec y publicada el 4 de enero de 2023, ordena participar como instituciones proveedoras de información a los bancos y a los emisores de tarjetas de crédito y de tarjetas de pago con provisión de fondos. También manda a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) extender la obligación a cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguros, administradoras generales de fondos, corredoras de bolsa y cajas de compensación, entre otras.
Recibir datos es voluntario: los proveedores de servicios basados en información se inscriben en un registro de la CMF. Las obligaciones del Sistema de Finanzas Abiertas empiezan el 3 de julio de 2027 para bancos y emisores, con interfaces exigibles por etapas desde el 3 de diciembre de 2027. El segundo grupo tiene plazos que llegan hasta el 3 de enero de 2030, según el cronograma de la CMF.
México: obligación en la ley, reglas incompletas
El artículo 76 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, publicada el 9 de marzo de 2018, obliga a establecer interfaces de programación de aplicaciones (API) estandarizadas a las entidades financieras, los transmisores de dinero, las sociedades de información crediticia, las cámaras de compensación, las instituciones de tecnología financiera y las sociedades con modelos novedosos. Distingue datos abiertos, agregados y transaccionales; estos últimos solo pueden compartirse con autorización expresa del cliente.
La ley dio 24 meses a las autoridades para emitir las reglas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el 4 de junio de 2020 las de datos abiertos, y el Banco de México, el 10 de marzo de 2020, las de sociedades de información crediticia y cámaras de compensación (Circular 2/2020), que dejaron los datos transaccionales para una resolución posterior. Al 14 de noviembre de 2026 no consta que esas reglas se hayan publicado.
Perú, Argentina y Uruguay: lo que dicen los textos
En Perú, el proyecto de reglamento que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) puso en consulta en octubre de 2026 propone una participación obligatoria para las entidades que figuren en una relación publicada por el supervisor, según el resumen de Cuatrecasas. El cronograma de la SBS incluye por ahora a BBVA Perú, Banco de Crédito del Perú, Interbank y Scotiabank Perú, desde el 1 de enero de 2028. Las empresas no supervisadas podrían entrar de forma voluntaria.
En Argentina, el Decreto 353/2025 creó el Sistema de Finanzas Abiertas para que personas y empresas compartan su información con las entidades inscritas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero no dice quién está obligado: encarga al banco central definir parámetros, estándares y requisitos. Según La Nación del 7 de octubre de 2026, Pedro Inchauspe, director del BCRA, dijo que algunos actores tendrían participación obligatoria y el resto podría sumarse de forma voluntaria; ninguna norma lo fija.
En Uruguay, el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento define como proveedores de acceso a información a los sujetos regulados y supervisados por el Banco Central del Uruguay (BCU) que, por la naturaleza o la escala de su actividad, guarden datos del sistema. Esas entidades deberían mantener interfaces para entregarlos, y el BCU fijaría los criterios y el cronograma. El Senado aprobó el proyecto el 26 de agosto de 2026 y la Cámara de Representantes lo estudia en comisión.
En América Latina
El resumen por país, en una línea. Las fichas completas están en el mapa del Open Finance en América Latina; las fechas, en el calendario regulatorio de 2027 y 2028, y las normas, en Regulación.
- Brasil: obligatorio para las instituciones más grandes desde 2021 y voluntario para las demás. Guía de Brasil.
- Chile: obligatorio por ley; exigible desde el 3 de julio de 2027. Guía de Chile.
- Colombia: obligatorio desde el 10 de abril de 2026, con plazos atados a cada estándar. Guía de Colombia.
- México: obligatorio en la ley desde 2018, sin reglas para datos transaccionales. Guía de México.
- Perú: proyecto de reglamento con incorporación obligatoria por etapas. Guía de Perú.
- Argentina: sistema creado por decreto, sin participantes obligados definidos. Guía de Argentina.
- Uruguay: proyecto de ley que alcanzaría a las entidades supervisadas por el banco central. Guía de Uruguay.
Preguntas frecuentes
¿Obligatorio significa que el banco comparte los datos sin preguntar al cliente?
No. Las normas y los proyectos de los siete países exigen la autorización previa del cliente para compartir sus datos. En Colombia, además, el proveedor debe confirmar esa autorización con el titular antes de entregarlos, y el titular puede revocarla. Lo obligatorio es para la entidad, que no puede negarse cuando el cliente lo pide.
¿Las fintech también están obligadas?
Depende del país y del tipo de entidad. En Colombia, la lista de obligados incluye a las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos y a las entidades de financiación colaborativa. En Chile, la ley prevé extender la obligación a las entidades inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros.
¿Quien recibe datos también debe entregarlos?
En Brasil, sí: participar de forma voluntaria supone tener disponible la interfaz para transmitir datos. En Chile, la norma aplica la reciprocidad a las entidades de participación simplificada, que solo consultan la información que ellas mismas ofrecen. El proyecto uruguayo faculta al banco central a fijar condiciones de reciprocidad.
¿Se puede cobrar por entregar los datos?
En Colombia, el proveedor solo puede recuperar el costo directo de su infraestructura, con un cobro ligado al uso e igual para todos los receptores, y nunca cobrar por la información. En Chile, la CMF aún no ha emitido el anexo sobre distribución de costos.
Esta pieza se preparó con apoyo de inteligencia artificial a partir de las fuentes oficiales enlazadas abajo. Si ves un dato por corregir, escríbenos desde la página de contacto.
Fuentes
- Resolución Conjunta N.º 1 de 2020, Banco Central de Brasil y Consejo Monetario Nacional, 4 de mayo de 2020.
- Ley 21.521, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, publicada el 4 de enero de 2023.
- Norma de Carácter General N.º 569, Comisión para el Mercado Financiero de Chile, 1 de junio de 2026.
- Decreto 0368 de 2026, Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, 7 de abril de 2026.
- Decreto 1297 de 2022, Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, 25 de julio de 2022.
- Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, Diario Oficial de la Federación de México, 9 de marzo de 2018.
- Decreto 353/2025, Boletín Oficial de la República Argentina, 23 de mayo de 2025.
- Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay, junio de 2026.