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El Reglamento de Finanzas Abiertas en consulta: participantes, consentimiento, seguridad y calendario hasta 2028

El proyecto de la SBS propone tres roles, un consentimiento por finalidad y revocable, la certificación FAPI 2.0 Perú y un arranque por etapas: registro en agosto de 2027 y datos de cuentas en enero de 2028.

Redacción OFI5 min de lectura

El Reglamento General del Sistema de Finanzas Abiertas es, por ahora, un proyecto de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), no una norma vigente. La SBS autorizó su consulta pública en dos bloques: los títulos I a IV, con la Resolución SBS N.º 02433-2026, del 2 de octubre de 2026, y los títulos V a VII, con la Resolución SBS N.º 02519-2026, del 16 de octubre. Los comentarios se recibieron hasta el 23 de octubre y el 6 de noviembre.

El texto propone las bases del Open Finance (finanzas abiertas) en Perú: qué datos se comparten, quién participa, cómo autoriza el usuario y con qué estándares técnicos. Todo lo que sigue es lo que el proyecto propone; la versión final puede cambiar después de la consulta.

Qué dice

El proyecto propone compartir tres categorías de información: la identificación del usuario; los productos que tiene contratados, con sus condiciones, saldos e historial de transacciones, y las características públicas de los productos de cada entidad, que no requerirían consentimiento. El historial exigible llegaría a 36 meses de forma progresiva. Quedarían fuera del intercambio obligatorio las evaluaciones internas de riesgo y la información que cada entidad elabore a partir de los datos originales.

Habría tres roles. La entidad proveedora de datos (EPD) custodia la información y la suministra; la entidad receptora de datos (ERD) la solicita con autorización del usuario, y el proveedor de servicios basados en datos (PSBD) es una empresa no supervisada que se incorpora de forma voluntaria. Regiría un principio de reciprocidad: quien recibe datos debe compartir los que le sean exigibles.

El acceso a los datos tendría tres etapas: consentimiento, autenticación y confirmación. El consentimiento se pediría por separado para cada finalidad, dentro de una lista de once, como la gestión financiera personal, la evaluación para acceder a productos o la prevención del fraude. El usuario definiría el plazo y podría revocarlo en cualquier momento desde un panel gratuito. Su entidad no podría inducirlo a revocar permisos dados a otros participantes.

En seguridad, el intercambio sería directo entre la EPD y la ERD, sin que la infraestructura común centralice los datos. Las interfaces de programación de aplicaciones (API) seguirían estándares comunes (OpenAPI, REST y JSON) y cada participante tendría que certificar el Perfil de Seguridad FAPI 2.0 Perú ante la OpenID Foundation o una entidad autorizada por ella, con vigencia de un año. Quedarían prohibidos los mecanismos que exijan al usuario entregar sus credenciales a un tercero o que simulen su interacción con los canales de su entidad, práctica conocida como lectura de pantalla (screen scraping).

A quién obliga

El proyecto alcanzaría a las empresas de los artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema Financiero, a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), al Banco de la Nación y a otras entidades supervisadas, además de las empresas no supervisadas que pidan inscribirse. Compartir datos como EPD solo sería obligatorio para las entidades de la relación que publique la SBS. El cronograma difundido en octubre de 2026 incluye a BBVA Perú, Banco de Crédito del Perú (BCP), Interbank y Scotiabank Perú desde el 1 de enero de 2028; las demás figuran con plazo “por definir”.

Para operar, cada entidad pasaría por dos etapas: un registro, que la SBS evaluaría en 30 días hábiles, y una habilitación técnica con pruebas y certificación, para la que habría 90 días calendario. Los PSBD tendrían que inscribirse además en un registro propio y acreditar un patrimonio neto no menor de 678.000 soles.

Desde cuándo

Ninguna fecha está en firme mientras el reglamento no se apruebe. Las que propone el proyecto son las siguientes.

  • 1 de julio de 2027: ambiente de pruebas y conformidad funcional.
  • 1 de agosto de 2027: directorio de participantes, inscripción y habilitación técnica; entrarían en vigencia los títulos V a VII.
  • 1 de enero de 2028: vigencia general del reglamento y datos de cuentas de ahorro y cuentas corrientes, con 12 meses de historial al inicio.
  • 1 de julio de 2028: datos de tarjetas de crédito.
  • 1 de enero y 1 de julio de 2030: el historial exigible llegaría a 36 meses para las cuentas y para las tarjetas, en ese orden.

Qué cambia en la práctica

Si se aprueba en estos términos, una persona o una empresa podría autorizar que otra entidad vea los datos de sus cuentas, y revisar o cancelar ese permiso cuando quiera. Las entidades obligadas tendrían que ofrecer API estandarizadas y no podrían exigir a las receptoras requisitos adicionales ni acuerdos bilaterales. Las fintech tendrían una vía regulada para acceder a datos sin recurrir a las claves del usuario.

Quedan pendientes los títulos VIII a X, sobre recuperación de costos, incidentes y disputas, y sanciones, que la SBS desarrollará en resoluciones posteriores. La meta de la SBS es tener el marco entre finales de 2026 e inicios de 2027. El proyecto no regula la iniciación de pagos, que depende del banco central. El contexto completo está en la guía de Open Finance en Perú y en la ficha de regulación del país.

Esta pieza se preparó con apoyo de inteligencia artificial a partir de las fuentes oficiales enlazadas abajo. Si ves un dato por corregir, escríbenos desde la página de contacto.

Fuentes

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