Colombia · Regulación

El Decreto 0368 de 2026 en diez preguntas

La norma que hizo obligatorias las finanzas abiertas en Colombia: a quién obliga, qué datos cubre, cómo se autoriza, cuánto cuesta, quién supervisa y qué plazos corren tras el Decreto 1489.

Redacción OFI5 min de lectura

El Decreto 0368 de 2026 es la norma que hizo obligatorio el Open Finance (finanzas abiertas) en Colombia. Estas diez respuestas resumen su texto oficial y los cambios posteriores, con corte al 14 de noviembre de 2026. El marco completo está en la guía de Open Finance en Colombia.

¿Qué es el Decreto 0368 de 2026?

Es la norma con la que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público creó el Sistema de Finanzas Abiertas obligatorio. Se expidió el 7 de abril de 2026, se publicó en el Diario Oficial N.º 53.453 del 9 de abril y rige desde el 10 de abril. Sustituyó el Título 8 del Libro 35 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y desarrolla el artículo 89 de la Ley 2294 de 2023.

¿A quién obliga?

A las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) que enumera su artículo 2.35.8.2.3: establecimientos de crédito, sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, fiduciarias, comisionistas de bolsa, administradoras de fondos de pensiones y cesantías, administradoras de inversión, entidades de financiación colaborativa y aseguradoras, entre otras. Deben dar acceso y suministrar los datos a los terceros receptores vigilados. La SFC, por su parte, queda obligada a expedir los estándares y a administrar el directorio de participantes.

¿Qué datos se comparten?

Tres categorías: la información de los productos y servicios a nombre del titular (saldo, historial de transacciones, uso y condiciones), la que la entidad recogió al vincularlo como cliente y las características generales de los productos que ofrece. Abarca depósitos, seguros, créditos e inversiones. En los depósitos a la vista, el historial mínimo es de 12 meses. La información que resulte de analizar o transformar esos datos no hace parte del sistema.

¿Cómo se da el consentimiento?

Con una autorización previa, expresa e informada, que debe decir quién recibe los datos, cuáles, con qué tratamiento, para qué finalidad específica y por cuánto tiempo. No valen las autorizaciones generales o abiertas, ni se puede condicionar un producto o servicio a otorgarla. Antes de entregar los datos, la entidad que los tiene debe confirmar con el titular, que puede autorizar o negar. Otorgar, modificar o revocar exige autenticación fuerte, y el titular conserva en todo momento el derecho a revocar o actualizar lo autorizado.

¿Quiénes pueden recibir los datos?

Dos tipos de terceros receptores. Los vigilados por la SFC tienen acceso garantizado: el proveedor de datos no puede restringirlo si cumplen el decreto y los requisitos del supervisor. Los no vigilados, que deben ser personas jurídicas, solo entran por vinculación voluntaria con un proveedor, bajo las reglas del Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica.

¿Compartir los datos tiene costo?

El proveedor de datos puede cobrar a los receptores por el uso de su infraestructura, pero nunca por la información. El cobro solo puede recuperar el costo directo de implementar o mantener la infraestructura y los estándares, debe corresponder al volumen de consultas o al uso y aplicarse en igualdad de condiciones. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recomendó definir qué costos son recuperables. El Gobierno no acogió esa recomendación, al considerar que varían según el tamaño y la madurez tecnológica de cada entidad.

¿Cuáles son los plazos?

Para las entidades, 12 meses desde la expedición de cada estándar, con una prórroga única de hasta 6 meses que puede dar la SFC. Para la SFC, los plazos originales eran de 6 meses para publicar el cronograma de estándares y de 12 para el directorio y los indicadores. El Decreto 1489 del 6 de octubre de 2026 los amplió a 12 y 18 meses, contados desde la entrada en vigor del Decreto 0368.

¿Quién supervisa y qué pasa si una entidad incumple?

El decreto no crea un régimen de sanciones propio. La SFC y la SIC ejercen inspección, vigilancia y control sobre el tratamiento de datos, según el alcance de las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. Como administradora del directorio, la SFC puede verificar los requisitos en cualquier momento, suspender temporalmente a un participante o retirarlo si deja de cumplirlos.

¿En qué se diferencia del Decreto 1297 de 2022?

El de 2022 era voluntario: decía que las entidades vigiladas “podrán” tratar y comercializar los datos que sus clientes autorizaran. El de 2026 dice que “deberán” dar acceso a otros receptores vigilados y añade las piezas de un sistema: estándares de obligatoria aplicación, directorio, confirmación del titular, reglas de costos e indicadores. Del decreto de 2022 siguen vigentes la iniciación de pagos y los ecosistemas digitales.

¿Qué sigue?

Falta que la SFC publique el cronograma, expida los estándares por tipo de información, ponga en marcha el directorio y defina los indicadores. El borrador de cronograma del 31 de agosto de 2026 empieza por la portabilidad de créditos, que el Decreto 0977 sumó al sistema como un cuarto servicio. Según la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), el cronograma debe publicarse a más tardar el 7 de abril de 2027 y el directorio debe funcionar el 7 de octubre de 2027. El seguimiento está en la página de regulación de Colombia.

Esta pieza se preparó con apoyo de inteligencia artificial a partir de las fuentes oficiales enlazadas abajo. Si ves un dato por corregir, escríbenos desde la página de contacto.

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