El Sistema de Finanzas Abiertas de Uruguay tiene dos textos de origen. El primero es el anteproyecto de ley que el Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 5 de junio de 2026, mediante la Resolución P-2-2026. El segundo es el capítulo “Finanzas abiertas” del proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el 18 de junio de 2026.
Ninguno de los dos es una norma vigente: son un anteproyecto y un proyecto en trámite sobre Open Finance (finanzas abiertas). Ambos tienen 21 artículos, en el mismo orden y, salvo uno, con los mismos títulos; en el proyecto del Ejecutivo son los artículos 184 a 204. La mayor parte de la redacción es idéntica, pero el Ejecutivo cambió una decena de puntos.
En qué coinciden
- Crean el sistema con las mismas cuatro finalidades, de los derechos de los usuarios sobre sus datos a la inclusión financiera y la competencia.
- Dan al BCU la regulación, la fiscalización, los estándares técnicos y el cronograma, y remiten al régimen sancionatorio del Decreto-Ley 15.322.
- Distinguen a los proveedores de acceso a información de los terceros proveedores de servicios, que necesitan registro y habilitación.
- Exigen consentimiento previo, expreso e informado, revocable sin causa y sin costo, y el levantamiento expreso del secreto bancario cuando los datos estén amparados por él.
- Cargan a los proveedores de acceso el costo de las interfaces, prevén una modalidad gratuita y otra remunerada, y prohíben cobrar al usuario por usarlas.
- Prohíben que terceros usen o almacenen las credenciales de los usuarios.
En qué se diferencian
Las diferencias surgen de cotejar el anteproyecto con el texto del Ejecutivo que reproducen los comparativos oficiales de la Comisión de Hacienda del Senado.
- Principios: el anteproyecto enumera ocho; el proyecto, siete. Quedó fuera el de calidad de los datos.
- Historial mínimo: el anteproyecto exige que los datos de los productos contratados cubran al menos los últimos doce meses; el proyecto quitó ese piso.
- Modalidad gratuita: el BCU fijó cifras cerradas por cada tercero: ocho consultas mensuales de identificación, una única consulta histórica de hasta 365 días y 180 consultas recurrentes al mes. El Ejecutivo convirtió esas cifras en mínimos y volvió mensual la consulta histórica.
- Credenciales: el anteproyecto solo admite excepciones a la prohibición para los datos de condiciones generales de los productos; el proyecto dejó al BCU exceptuar sin ese límite.
- Deberes de los terceros: el proyecto omitió tres: inscribir sus bases de datos en la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, responder por la calidad y la continuidad del servicio y no realizar actividades que exijan una licencia que no tengan.
- Datos del sector público: el BCU previó la interoperabilidad con los sistemas públicos de intercambio de datos, con consentimiento previo, expreso e informado del usuario. El Ejecutivo habló de integrar esos datos al sistema cuando sea relevante y de interés público, con remisión a las normas de protección de datos.
- Implementación: el proyecto agregó que el BCU puede habilitar mecanismos transitorios de acceso a los datos mientras se completa el cronograma.
- Infraestructura común: el anteproyecto faculta al BCU a “desarrollar y operar” sus componentes; el proyecto, solo a “operar”.
Qué pasó en el Senado
El 19 de agosto de 2026, la secretaria general del BCU, Viviana Pérez, explicó en la Comisión de Hacienda del Senado los ajustes al capítulo que llevó el MEF. Con ellos volvieron el principio de calidad de los datos, el mínimo de doce meses, las cifras cerradas de la modalidad gratuita, los deberes de los terceros, el límite a las excepciones sobre credenciales y el consentimiento para los datos del sector público. También se eliminaron los mecanismos transitorios.
El régimen de finanzas abiertas no establece excepciones al secreto bancario.
Viviana Pérez, secretaria general del Banco Central del Uruguay, en la Comisión de Hacienda del Senado, 19 de agosto de 2026
La comisión sumó elementos nuevos: la participación voluntaria de los usuarios, el levantamiento del secreto limitado a los fines del sistema y la remisión al Decreto-Ley 15.322 para las potestades de control, en lugar de equipararlas a las de la Dirección General Impositiva. Aprobó su versión el 21 de agosto. El plenario lo votó el día 26 y sustituyó dos artículos del capítulo: el que crea el sistema y el de responsabilidades, donde están los deberes de los terceros.
A quién obligaría y desde cuándo
A nadie todavía. Si el capítulo se convierte en ley, alcanzará como proveedores de acceso a las entidades reguladas y supervisadas por el BCU que guardan datos de los usuarios, y a los terceros que se registren. Ninguno de los textos fija fechas: el BCU establecería el cronograma, con etapas y plazos diferenciados.
Qué cambia en la práctica
El texto que estudia la Cámara de Representantes parte de la versión de la comisión del Senado, más cercana al anteproyecto del banco central. Para las entidades, de estas diferencias depende cuánto acceso deben dar sin cobrar y qué obligaciones asume cada parte. Para los usuarios, definen qué historial se comparte y con qué permiso se cruzan sus datos con los del Estado.
El estado del trámite está en la nota sobre el proyecto en Diputados; el panorama completo, en la guía de finanzas abiertas en Uruguay y en la página de regulación del país.
Esta pieza se preparó con apoyo de inteligencia artificial a partir de las fuentes oficiales enlazadas abajo. Si ves un dato por corregir, escríbenos desde la página de contacto.
Fuentes
- Resolución P-2-2026, con el anteproyecto de Ley de Finanzas Abiertas, Directorio del Banco Central del Uruguay, 5 de junio de 2026.
- Distribuido N.º 919, Anexo II: comparativo entre la legislación vigente y el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, 26 de junio de 2026.
- Repartido N.º 390, Anexo II: comparativo con el texto aprobado por la Comisión de Hacienda, Cámara de Senadores, agosto de 2026.
- Versión taquigráfica de la sesión del 19 de agosto de 2026 (Distribuido N.º 1062), Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.
- Ficha del asunto 173622: Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, Parlamento del Uruguay, consultada el 14 de noviembre de 2026.