El Decreto 0977 de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 4 de agosto de 2026, reglamenta la portabilidad financiera: el derecho del consumidor a pedir que un crédito pase de la entidad donde lo tiene a otra, sin sanciones ni cobros adicionales. Desarrolla el artículo 94 de la Ley 2294 de 2023 y convierte la portabilidad en un servicio del Sistema de Finanzas Abiertas. Su aplicación depende de estándares que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aún no ha expedido.
Qué dice
Son portables los créditos de la cartera comercial (salvo los colocados por redescuento), de consumo e hipotecaria, incluido el leasing habitacional. Los depósitos, los seguros y el microcrédito quedaron fuera, según el documento técnico de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF). El trámite empieza en la entidad de destino, la que recibiría el crédito, y tiene seis pasos:
- El consumidor presenta la solicitud a la entidad de destino, por los canales que esta disponga.
- Con su autorización, la entidad de destino pide el certificado de portabilidad a la entidad de origen, que debe enviarlo en un máximo de 3 días hábiles.
- La entidad de destino estudia la solicitud y decide en 5 días calendario, o en 30 si el crédito está respaldado por libranza o por garantías que exigen registro.
- Si la respuesta es negativa, informa los motivos; si es positiva, presenta una oferta de portabilidad.
- El consumidor tiene 5 días hábiles para aceptar o rechazar la oferta.
- Si acepta, la entidad de destino formaliza el nuevo producto y la de origen expide el paz y salvo.
El certificado de portabilidad es el documento con el que la entidad de origen entrega la información del crédito: identificación del producto y de su titular, saldo, características, pagos y tarifas, garantías e historial de transacciones de los últimos 12 meses. Tiene una vigencia de 5 días calendario, o de 30 cuando hay libranza o garantías con registro. La entidad de destino solo puede usarlo para estudiar la portabilidad y hacer la oferta.
El proceso no puede generar costos, sanciones ni cobros adicionales para el consumidor, salvo los asociados al traspaso, avalúo, cesión o subrogación de las garantías. El consumidor puede presentar solicitudes a varias entidades, pero aceptar una sola oferta. Puede desistir sin costo antes de recibirla, o rechazarla; una vez la acepta, ya no puede retirarse del proceso. Para la entidad, la oferta es irrevocable.
A quién obliga
A las entidades vigiladas por la SFC que están obligadas a participar en el Sistema de Finanzas Abiertas y que ofrecen productos portables. En cada operación, la entidad de origen actúa como proveedor de datos y la de destino, como tercero receptor vigilado. Entre sus deberes están recibir solicitudes por todos sus canales, no imponer barreras técnicas, contractuales o económicas, y facilitar sin costo adicional el cambio de garantías globales y seguros colectivos.
La entidad de destino no está obligada a aceptar. Decide según sus políticas de gestión de riesgos y de vinculación de clientes, pero debe responder dentro del plazo y explicar la negativa.
Desde cuándo
El decreto rige desde el día siguiente a su publicación, pero las entidades solo deben habilitar el acceso a la información del certificado después de que la SFC expida sus estándares: tienen 12 meses desde ese momento, con una prórroga única de hasta 6. El texto original daba a la SFC 24 meses para publicar esos estándares. El Decreto 1489 del 6 de octubre de 2026 subió el plazo a 30 meses, que según la URF vencen el 4 de febrero de 2029.
Qué cambia en la práctica
El mecanismo principal para trasladar un crédito ha sido la compra de cartera, y la URF identificó fricciones operativas, de información y contractuales que dificultan cambiar de entidad. El decreto fija un procedimiento común, con plazos y un documento estandarizado que circula entre entidades por las interfaces del sistema de finanzas abiertas. La URF lo describe como un modelo descentralizado, sin una infraestructura central.
La norma también modificó las reglas del leasing habitacional para que el locatario pueda llevar su contrato a otra entidad autorizada, y dispuso que la portabilidad de créditos hipotecarios no cause derechos notariales, registrales ni impuesto de timbre. El marco completo está en la guía de Open Finance en Colombia y en la página de regulación del país. Como referencia regional, la URF recuerda que Brasil habilitó en febrero de 2026 la portabilidad de crédito por Open Finance.
Esta pieza se preparó con apoyo de inteligencia artificial a partir de las fuentes oficiales enlazadas abajo. Si ves un dato por corregir, escríbenos desde la página de contacto.
Fuentes
- Decreto 0977 de 2026, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 4 de agosto de 2026.
- Documento técnico “Reglamentación del derecho a la portabilidad financiera”, URF, marzo de 2026.
- Ley 2294 de 2023, artículo 94, Congreso de la República, 19 de mayo de 2023.
- Decreto 1489 de 2026, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 6 de octubre de 2026.
- Documento técnico “Ajustes en los plazos de implementación del sistema de finanzas abiertas obligatorio”, URF, septiembre de 2026.
- Proyecto de carta circular con el cronograma de estándares, Superintendencia Financiera de Colombia, 31 de agosto de 2026.