
Ángel SierraInfraestructura, Estrategia1 year ago722 Views
Por Ángel Sierra, CEO de Open Finance Institute
Cuando un usuario de Nubank en Brasil autoriza que una fintech acceda a su historial bancario para ofrecerle un crédito mejor que el de Itaú, no está simplemente “compartiendo datos”. Está ejerciendo un derecho de propiedad digital que hasta hace cinco años no existía legalmente en la región: el derecho a transportar su reputación financiera como un activo portátil, revocable y bajo su control exclusivo.
Esta transición de la “custodia institucional” a la “soberanía del dato” no es un ajuste regulatorio menor. Es la reingeniería más profunda del sistema financiero latinoamericano desde la bancarización digital de los años 2000. Y sucede sobre una infraestructura técnica compleja que la mayoría de los usuarios nunca verá, pero que está rediseñando quién tiene poder económico, quién puede acceder a crédito y quién captura valor en el ecosistema financiero del siglo XXI.
Infografía: Open Finance en LatAm — De Datos Cerrados a Finanzas Inteligentes
Durante décadas, el sistema bancario operó bajo un modelo de “Closed Banking” donde la información transaccional, los historiales de crédito y los patrones de comportamiento económico no se consideraban propiedad del cliente, sino activos institucionales de la entidad que los custodiaba. Un usuario que intentaba migrar de banco perdía su “reputación financiera” completa, quedando cautivo de quien poseía sus datos históricos.
La premisa de este modelo era simple: la seguridad se basaba en el aislamiento. Los datos vivían en servidores propietarios, nunca salían del perímetro institucional y la interoperabilidad era vista como una amenaza, no como una ventaja competitiva.
El #OpenFinance invierte esta lógica completamente. La tesis central: los datos pertenecen al individuo que los genera mediante su actividad económica, no al banco que los custodia tecnológicamente. Este cambio de titularidad otorga al usuario el derecho inalienable de “transportar” su identidad financiera a cualquier proveedor tercero que ofrezca mejores condiciones, demoliendo las barreras de entrada construidas sobre la exclusividad informativa.
Pero aquí surge una tensión geopolítica crítica para América Latina: ¿cómo garantizar que esta apertura de datos no se convierta en un nuevo ciclo de extractivismo digital? La literatura sobre política pública en la región advierte sobre el riesgo de que infraestructuras críticas y datos sensibles sean capturados por plataformas tecnológicas globales sin retribución económica adecuada para las jurisdicciones locales. El debate no es solo de eficiencia de mercado, sino de soberanía digital.
El caso de Chile ilustra esta complejidad: tribunales ambientales han intervenido en el desarrollo de centros de datos por preocupaciones sobre uso de recursos hídricos, demostrando que la infraestructura de datos tiene implicaciones territoriales y ambientales concretas. La regulación del #OpenFinance en LATAM se perfila así no solo como normativa bancaria, sino como política de Estado para garantizar que la infraestructura de datos sirva al desarrollo nacional, no a modelos extractivos externos.
Es fundamental distinguir entre Open Banking y Open Finance. No son sinónimos y su diferencia define el potencial de inclusión financiera en la región.
Open Banking representa la génesis del movimiento, impulsado por regulaciones como PSD2 en Europa y la Ley Fintech 2018 en México. Su alcance se limita estrictamente a productos bancarios tradicionales: cuentas de pago, cuentas corrientes, tarjetas de crédito y datos transaccionales básicos. Permite conectar una cuenta a una app de presupuesto, pero ofrece una visión fragmentada de la salud financiera real de un individuo.
Open Finance expande la frontera para abarcar toda la huella económica: seguros (Open Insurance), fondos de pensiones, inversiones (Open Investment), datos fiscales, comportamiento en plataformas de economía gig y servicios públicos. La transición es de la “cuenta bancaria” a la “vida financiera”.
Esta expansión es crítica en América Latina donde una gran parte de la población no tiene historial bancario profundo pero sí actividad económica vibrante verificable a través de otros canales digitales. Un trabajador independiente puede tener saldo bancario bajo pero poseer activos significativos en fondos de inversión, un historial impecable de pagos de servicios y facturación fiscal consistente. El Open Banking tradicional ignora estos indicadores; el #OpenFinance los integra.
Brasil ha sido pionero en implementar todas estas capas. Su Fase 4 de Open Finance incluye Open Insurance y Open Investment, permitiendo la portabilidad de planes de pensiones y la comparación automatizada de pólizas de seguro basadas en el perfil de riesgo real del usuario. Hacia 2025, Brasil reporta más de 60 millones de consentimientos activos y procesa miles de millones de llamadas API mensuales, superando en velocidad de adopción al Reino Unido.
La viabilidad del #OpenFinance descansa sobre infraestructura técnica diseñada para garantizar seguridad, escalabilidad y confianza. Tres pilares fundamentales:
El corazón del Open Finance es el consentimiento granular, informado y revocable. A nivel técnico, esto se gestiona mediante protocolos de autorización estándar como OAuth 2.0 y OpenID Connect.
El usuario nunca comparte sus credenciales bancarias (usuario y contraseña) con la aplicación tercera. En su lugar, es redirigido de manera segura al entorno de su banco para autenticarse. Una vez validada la identidad, el banco emite un token de acceso a la fintech. Este token es una llave digital limitada que:
Esta arquitectura de tokenización elimina la proliferación de credenciales sensibles en múltiples bases de datos externas, mitigando riesgos de phishing y fraude. Es el estándar que Brasil adoptó como obligatorio y que Colombia y Chile están implementando en sus marcos regulatorios.
Existe una dicotomía técnica crítica en la región:
Screen Scraping (la muleta tecnológica): históricamente, ante la falta de APIs abiertas, las fintechs recurrieron al scraping. Esta técnica implica que el usuario entrega sus credenciales a un bot que “simula” ser humano ingresando a la web del banco para copiar información.
Riesgos: es inherentemente frágil (cualquier cambio en la interfaz rompe la conexión), inseguro (requiere compartir contraseñas) y opaco (el banco no puede distinguir entre el cliente y el bot). Sin embargo, sigue siendo utilizado como mecanismo de respaldo en jurisdicciones donde la regulación es lenta o incompleta.
APIs estandarizadas (el futuro obligatorio): las APIs representan las “tuberías” oficiales y seguras. Permiten comunicación directa máquina-a-máquina estructurada y cifrada. Ofrecen mayor velocidad, estabilidad con SLA garantizados y seguridad robusta. En mercados regulados como Brasil y Reino Unido, las APIs son obligatorias y el scraping está siendo eliminado.
En México, empresas como Belvo están transicionando agresivamente hacia conexiones API directas donde las instituciones lo permiten, especialmente para integrar datos fiscales del SAT (Servicio de Administración Tributaria).
La interoperabilidad requiere estándares técnicos comunes. Sin ellos, cada banco construiría “enchufes” diferentes haciendo inviable la conexión para las fintechs.
Modelos de estandarización:
El estándar Financial-grade API (FAPI) desarrollado por OpenID Foundation se ha convertido en referencia global para #OpenBanking seguro. Brasil lo utiliza como requisito técnico obligatorio en su programa de certificación.
América Latina presenta un escenario dual fascinante.
Brasil ejecutó una implementación estatal coordinada que lo convirtió en referente mundial. Su éxito no es accidental, sino resultado de una estrategia inteligente que integró el sistema de pagos instantáneos Pix con la apertura de datos.
Implementación fásica exhaustiva: el Banco Central de Brasil diseñó un cronograma agresivo dividido en cuatro fases completadas hacia 2024–2025:
Métricas de impacto: hacia 2025, Brasil reporta más de 60 millones de consentimientos activos y miles de millones de llamadas API mensuales, superando en velocidad de adopción al Reino Unido.
México fue el primer país en aprobar una Ley Fintech en 2018, pero su implementación práctica ha sufrido retrasos significativos debido a la falta de emisión de disposiciones secundarias clave por parte de la CNBV, específicamente aquellas relacionadas con la estandarización de APIs para datos transaccionales agregados y la Iniciación de Pagos.
El vacío del PIS: a diferencia de Brasil, la falta de regulación secundaria para PIS ha impedido que el sistema de pagos SPEI se integre fluidamente con aplicaciones de terceros bajo un esquema de Open Finance regulado. El sistema CoDi no logró la tracción masiva de Pix, limitando el motor transaccional del ecosistema.
Innovación fiscal como diferenciador: ante las dificultades para acceder a datos bancarios estandarizados, el ecosistema mexicano innovó integrando una fuente de verdad alternativa y poderosa: el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Plataformas de API como Belvo permiten a los usuarios conectar sus credenciales fiscales (CIEC) de manera segura. Esto otorga a los prestamistas acceso a facturas emitidas y recibidas, declaraciones anuales y constancias de situación fiscal.
Impacto en inclusión: para una PYME o un trabajador independiente en una economía con alta informalidad, la facturación fiscal es un indicador de solvencia mucho más fiable que un estado de cuenta bancario estático. Casos de éxito como Dineria o ALVOS utilizan estos datos para scorear crédito y recuperar cartera con eficiencias superiores al 20–30% en comparación con modelos tradicionales.
Caso ALVOS: mediante la integración de lectura de cuentas bancarias vía Belvo, esta empresa de recuperación de cartera logró visualizar los momentos exactos de liquidez de sus deudores. Esto permitió ejecutar cobros domiciliados en el instante preciso en que el usuario recibía fondos, aumentando la recuperación mensual de 150.000 a 1,3 millones de pesos mexicanos.
Colombia ha publicado decretos para un modelo de #OpenFinance obligatorio, enfocándose fuertemente en la Iniciación de Pagos para dinamizar su sistema de transferencias inmediatas. Chile, con su Ley Fintech aprobada, está en proceso de definir normas secundarias bajo supervisión de la CMF, con enfoque particular en portabilidad financiera y competencia en el mercado de valores y seguros, esperando implementación completa hacia 2026.
Más allá de la regulación bancaria, el #OpenFinance en América Latina está demostrando que la verdadera inclusión financiera proviene de la capacidad de analizar datos no tradicionales para evaluar riesgo crediticio de poblaciones invisibles para los burós.
Investigaciones académicas recientes demuestran que variables comportamentales dentro de una “Super-App” tienen alto poder predictivo de la voluntad y capacidad de pago de usuarios sin historial crediticio formal.
No se trata solo de cuánto gana un repartidor, sino de cómo se comporta. Variables como la “profundidad de la huella digital” (sistema operativo, tipo de dispositivo), la lealtad a la plataforma, la frecuencia de entregas e incluso datos granulares como la hora de conexión correlacionan con estabilidad financiera.
Los modelos de Machine Learning entrenados con estos datos alternativos han logrado un AUC (Área Bajo la Curva, métrica de precisión del modelo) superior a 0,75 para clientes “no-hit” (sin expediente en buró), permitiendo otorgar tarjetas de crédito con tasas de morosidad controladas.
El #OpenFinance permite transitar del “préstamo basado en garantías físicas” al “préstamo basado en flujo de caja”. Esta transición es fundamental en economías donde el colateral tradicional (propiedad inmobiliaria) está concentrado en pocas manos, pero el flujo de efectivo digital es ubicuo.
Si la fase actual se define por la conectividad y la cobertura, el horizonte 2025–2030 estará definido por la autonomía y la invisibilidad de los servicios financieros, impulsada por la convergencia de Open Finance e Inteligencia Artificial Generativa.
Las Finanzas Embebidas (Embedded Finance) representan la integración de servicios financieros directamente en los flujos de trabajo de empresas no financieras, eliminando la necesidad de interactuar con una interfaz bancaria tradicional.
Hacia 2025 veremos ecosistemas embebidos donde un software de gestión de restaurantes no solo gestione comandas, sino que automáticamente solicite un crédito de capital de trabajo basado en el flujo de ventas del fin de semana (datos abiertos), asegure el inventario (open insurance) y pague a los proveedores (PIS), todo sin que el dueño del restaurante abra una app bancaria.
La próxima frontera son las Finanzas Agénticas, donde Agentes de IA autónomos actúan en nombre del usuario para optimizar su bienestar financiero.
A diferencia de un chatbot que solo responde preguntas, un Agente de IA tiene capacidad de agencia: puede tomar decisiones y ejecutar acciones.
Imaginemos un “CFO Virtual” para una familia. Este agente, conectado vía #OpenFinance a todas las cuentas, inversiones y deudas de la familia, monitorea el mercado 24/7. Detecta que hay un excedente de liquidez en la cuenta corriente que está perdiendo valor por la inflación. Automáticamente, busca en el mercado (Open Investment) un fondo de bajo riesgo con mejor rendimiento, mueve el dinero (Iniciación de Pagos) y notifica al usuario: “He movido $5.000 a un fondo de liquidez diaria al 11% anual para optimizar tu ahorro”.
Analogía técnica: si las APIs del #OpenFinance son los “camareros” que transportan los pedidos (datos) entre la mesa y la cocina, el Agente de IA es el “Chef Ejecutivo” que decide qué ingredientes comprar y qué menú preparar basándose en los objetivos nutricionales (financieros) del cliente, gestionando a los camareros de forma autónoma.
El despliegue de estas Finanzas Agénticas requiere infraestructura computacional masiva. América Latina se enfrenta al reto de desarrollar centros de datos capaces de soportar la carga de trabajo de la IA sin comprometer sus recursos naturales o su soberanía energética.
La región carece de hubs de computación suficientes en comparación con Asia o Estados Unidos. El desarrollo de esta infraestructura se convierte en tema de seguridad nacional y política industrial. La inversión en centros de datos sostenibles y la regulación sobre uso de agua y energía serán determinantes para viabilizar este futuro agéntico sin caer en nuevas formas de extractivismo.
El análisis exhaustivo de tendencias y arquitectura confirma que el #OpenFinance en América Latina es una transformación estructural irreversible. La región ha superado la etapa de adopción temprana para entrar en una fase de madurez asimétrica, donde Brasil lidera con un modelo estatal prescriptivo de éxito mundial, mientras México y otros países avanzan mediante innovación de mercado y uso creativo de datos fiscales y alternativos.
La verdadera promesa del Open Finance no es simplemente tecnológica, sino social y económica: la capacidad de otorgar identidad financiera a millones de personas previamente invisibles, permitiéndoles utilizar su reputación digital, fiscal y laboral como llave de acceso al sistema formal.
A medida que avanzamos hacia la era de las Finanzas Agénticas, el desafío se desplazará de la conectividad a la gobernanza algorítmica y la soberanía de infraestructura, asegurando que los beneficios de la automatización y la inteligencia artificial se distribuyan equitativamente y respeten el nuevo contrato social digital del ciudadano latinoamericano.
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